Por unanimidad, se aprobó el dictamen que propuso la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, para realizar adiciones al Código de la Administración Pública y el Código Penal del Estado, que tiene como objetivo otorgar certeza jurídica a los cerrajeros de la entidad y evitar que tengan problemas legales durante la realización de su oficio. 

Esta propuesta toma especial relevancia, ya que fue construida de la mano con los cerrajeros yucatecos, quienes expresaron que en el ejercicio de su trabajo, en ocasiones son confundidos con personas que entran a las casas o autos a robar.

O bien, luego cumplir con su labor, corren el riesgo de ser detenidos por elementos policiacos. La iniciativa fue presentada en septiembre del año pasado, en la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública, por las diputadas de Movimiento Ciudadano, Silvia América López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea. El objetivo específico del producto legislativo, propone crear el Registro único de Prestadores de Servicios de Cerrajería, así como las sanciones por la portación de instrumentos de cerrajería sin autorización o para quien no de aviso a la autoridad correspondiente. 

También se contempla disposiciones administrativas para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet) se coordinen y establezcan normas y procedimientos para prestación eficaz del servicio de cerrajería. La propuesta contempla sancionar con penas de prisión de 1 a 5 años y multas de hasta 500 UMAS para quien porte o posea sin fin lícito instrumentos de cerrajería con excepción de los inscritos en el Registro mencionado. De la misma manera todo cerrajero deberá dar aviso a la autoridad competente y definir el horario, lugar, y servicio que ofrecerá, con el fin de evitar un posible hecho delictivo. 

“Queremos que no hayan atropellos por parte de las autoridades, que sin previa indagatoria los inculpen de acciones que de buena fe prestan como parte de sus actividades, sin saber que lo que están haciendo es un delito” manifestó López Escoffié.

 Dicho dictamen recién aprobado, será sometido a votación en una siguiente reunión plenaria extraordinaria para determinar si se convierte en ley. DELITOS CONTRA EL HONOR De la misma manera se aprobó por unanimidad el dictamen, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal en materia de delitos contra el honor, también presentada por la fracción de Movimiento Ciudadano.

 La finalidad de la propuesta es aumentar las sanciones para las personas que incurran en el delito de violación e incluir el agravante de aumentar las penas hasta en una mitad si además se diera un embarazo y/o enfermedad de transmisión sexual. 

Se estableció que la pena mínima pase de 6 a 8 años y se mantiene la máxima de 20 años. Asimismo se incrementó la sanción económica para que el rango de 200 a 500 pase de mil a 3 mil días multa. Y en el delito de violación equiparada quedaría de 25 a 30 años, y la multa sería de 3 mil a 5 mil días.

Violencia política a mujeres debe acabar: Movimiento Ciudadano

Necesario garantizar igualdad de condiciones entre hombres y mujeres: Silvia López Escoffié 

El miércoles, por unanimidad, se aprobaron varias propuestas de Movimiento Ciudadano, a través de un dictamen que plantea la creación y fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. En la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, fueron avaladas las leyes secundarias en la materia, que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y la Ley de Partidos Políticos del Estado, todas suscritas por las diputadas de Movimiento Ciudadano, Silvia América López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea.

 La diputada López Escoffié, calificó este día como histórico, y aseveró estas reformas en materia electoral, tienen como objetivo garantizar que las mujeres que participan en la vida política tengan una vida libre de violencia, antes, durante y después de un proceso de elección popular. 

“Esta homologación se pidió a nivel nacional, y ha sido avalada por todas las legisladoras del pais”, comentó. 

Explicó que se adicionaron y reformaron diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley de Partidos Políticos; el Código Penal; la Ley de Responsabilidades Administrativas, y la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral. Asimismo, explicó que confía que sea aprobada en breve en la próxima sesión plenaria extraordinaria. 

A su vez, Romero Bastarrachea, puntualizó que este dictamen contempla la utilización de un lenguaje incluyente dentro de los ámbitos electorales y en los partidos políticos. La propuesta de Movimiento Ciudadano, contempla que haya mayor igualdad entre las y los participantes en una elección, es decir que sean 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres.

 También se establecieron las bases y reglas, para determinar cómo quedarán conformados las y los candidatos electos y sus suplentes, y de esa manera evitar impugnaciones y desgaste innecesario al interior de las estructuras políticas. En este dictamen aprobado también se realizó un catálogo de tipos de conductas que pueden ser contempladas como violencia política, de la misma manera se establecieron medidas de protección y sanciones aplicables.