RESPUESTAS Y LEYES FIRMES PARA PROTEGER A LAS NIÑAS DE YUCATÁN

Ante las graves fallas y omisiones registradas en el cuidado de la niñez bajo custodia pública en la entidad, el diputado Gaspar Quintal Parra, Presidente del PRI en Yucatán, presentó una iniciativa de ley para crear el Sistema Estatal de Prevención, Detección y Respuesta Inmediata ante la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes bajo Cuidado Institucional. El legislador señaló que el caso de adolescentes embarazadas o en situación de maternidad dentro de centros de asistencia social como Casa Otoch encendió las alarmas del Estado y motivó el reclamo legítimo de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, colectivas y especialistas en derechos humanos, quienes demandan justicia y protección efectiva. “Un embarazo infantil bajo la custodia del Estado no puede verse como una estadística más ni tratarse con frialdad administrativa. Es la prueba de una cadena de fallas, silencios e irresponsabilidades que deben frenarse de tajo. Quien tiene la tutela de una niña tiene el deber reforzado de cuidarla, no de exponerla”, afirmó Gaspar Quintal desde la tribuna del Congreso del Estado. La propuesta del PRI contempla la modificación de seis ordenamientos legales en Yucatán, incluyendo reformas al Código Penal para agravar las sanciones por abuso sexual, violación y estupro cuando sean cometidos por personal con funciones de custodia, cuidado, enseñanza o autoridad. Asimismo, la iniciativa tipifica y castiga de manera severa el encubrimiento e interferencia institucional, sancionando a aquellos servidores públicos o particulares que oculten pruebas, intimiden a víctimas o testigos, dejen de denunciar, falsifiquen información u ordenen traslados para entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Quintal Parra detalló que la ley establecerá mecanismos de protección permanente que contemplan: Supervisiones sin previo aviso a centros de asistencia social públicos y privados. Canales directos, confidenciales y seguros para que las y los menores puedan denunciar abusos. Representación legal independiente para evitar conflictos de interés cuando la propia institución sea la señalada. Protocolos de investigación obligatorios y atención médica, psicológica y jurídica inmediata. “El silencio institucional lastima y la omisión genera responsabilidad penal y administrativa. Cuidar a las familias y a las infancias de Yucatán requiere orden, seriedad y capacidad legal. La oposición en Yucatán responde con soluciones claras: nunca más una alerta ignorada, nunca más una denuncia archivada y nunca más una autoridad que mire hacia otro lado”, concluyó el dirigente estatal.