COLAPSA LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

La rutina diaria para miles de estudiantes y padres de familia en Yucatán sigue marcada por la angustia, el riesgo constante y el desamparo institucional. Así lo advirtió Javier Osante Solís ante la inacción del Gobierno del Estado para reparar la infraestructura de la red de educación básica. “Es inaceptable e inhumano que nuestras niñas, niños y jóvenes lleven semanas estudiando en condiciones deplorables y que las familias tengan que paralizar su día a día para manifestarse a las puertas de las escuelas porque ni siquiera cuentan con servicios básicos como agua o luz”, señaló. La crisis de infraestructura educativa ha dejado de ser un problema administrativo para convertirse en un riesgo real para la integridad de la niñez yucateca. El hecho más grave ocurrió en la primaria "Manuel Alcalá y Alcalá" del municipio de Tizimín, donde parte del techo colapsó en plena jornada de clases sobre un grupo de cuarto grado, provocando lesiones en varios menores que requirieron atención médica de emergencia y dejando una profunda secuela de temor en la comunidad escolar. Este entorno de vulnerabilidad para los alumnos y desesperación para los tutores se repite en diversos puntos de la entidad. Muestra de esto se puede ver en Mérida en la primaria “José María Morelos y Pavón”, en la Unidad Morelos, los padres de familia se vieron obligados a exigir la restitución de la energía eléctrica tras días continuos sin suministro. En Peto, en el jardín de niños “María Amada Cárdenas”, donde la comunidad sufre la falta de servicios básicos por el robo del cableado eléctrico. En el municipio de Chankom, la muestra es primaria “Cuauhtémoc” de la localidad de Muchucuxcah, ya que cerca de 100 niños intentan aprender entre humedad, paredes deterioradas, lodo y baños insalubres. Ante esta situación, se registran constantes protestas de madres y padres en múltiples municipios, quienes denuncian que envían a sus hijos a planteles inoperantes y con techos en riesgo inminente de derrumbe. Por ello, Osante Solís exigió a las autoridades estatales una aclaración transparente sobre el destino de los recursos de mantenimiento y cuestionó duramente por qué se permite que los estudiantes continúen asistiendo a instalaciones que amenazan su seguridad física. Recordando el compromiso demostrado en su labor legislativa, en la que promovió el fortalecimiento presupuestal para instituciones como la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), enfatizó que la educación no puede sufrir subejecuciones financieras cuando la vida de los estudiantes está de por medio. Finalmente, de cara a la próxima discusión del presupuesto estatal, hizo un enérgico exhorto al Gobierno del Estado para que la niñez y juventud yucateca sea colocada como la máxima prioridad en la asignación de recursos, remarcando que garantizar aulas seguras debe estar por encima de cualquier otro gasto corriente u ocurrencia gubernamental.