Por unanimidad se aprobaron este día en el Congreso del Estado 16 productos legislativos, trascendentales para consolidar el marco legal que regulará el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.

Los 25 diputados de las diferentes fracciones parlamentarias avalaron en total: una reforma a la Constitución del Estado, cinco nuevas leyes y 10 reformas a leyes secundarias, después de varios meses de diálogo y trabajo en comisiones.

«La participación ciudadana es importantísima en la implementación de este sistema, es algo que la sociedad estaba esperando y se está concretando tras muchas horas de trabajo que han dado paso a consensos y acuerdos que se tradujeron en el voto unánime de los diferentes productos legislativos», enfatizó la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez (PRI).

Entre las cinco nuevas leyes avaladas por la LXI Legislatura figuran: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública; Ley de Responsabilidades Administrativas; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

De la misma manera, fue avalada una reforma a la Constitución Política del Estado referente a la elección de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y 10 reformas a diversas normas: al Código Penal, Ley de la Fiscalía General, al Código de Administración Pública de Yucatán (CAPY) y Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental.

Asimismo, reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley de Gobierno del Poder Legislativo, Ley de Comisión de Derechos Humanos, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado.

En entrevista, Celia Rivas indicó que tras la aprobación de este día se dará paso al proceso de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción como es la integración del Comité Coordinador  y el Consejo de Participación Ciudadana.

 «En un plazo de 90 días, el Congreso del Estado deberá elegir al comité de selección que a su vez tendrá la obligación de elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana», detalló.