En sesión de la LXII Legislatura, realizada este día, se presentó, entre otras cosas, una iniciativa que contempla crear un testamento especial para que pacientes en el área de urgencias en hospitales puedan realizar su testamento legal, por medio de la tecnología; así como otra para proteger el patrimonio de los adultos mayores cuando donan sus bienes inmuebles y una más para establecer la figura del cabildo abierto.

La plenaria comenzó con un minuto de aplausos, propuesto por Milagros Romero Bastarrachea (MC), para reconocer a todo el personal médico y de la salud que está en la primera línea de batalla contra el Covid-19, al igual que de los departamentos de intendencia, seguridad y administrativos, y para los tres médicos yucatecos que recibieron la medalla al mérito “Miguel Hidalgo”.

En asuntos generales, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, presentó una iniciativa para crear un testamento especial, para que las personas internadas en hospitales y cuya condición clínica amerita urgencia, ante la posibilidad de perder la vida, puedan legalmente testar mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

“Hoy más que nunca la tecnología debe incluirse en algo tan esencial como es la transmisión de la voluntad humana para asegurar la certeza patrimonial posterior al fallecimiento”, enfatizó.

El también presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, aseveró que no es un tema menor cuando cientos de personas que acuden a clínicas y una vez que su condición se agrava son aislados, como ahora con el Covid-19, y ya no se les permite contacto alguno con el mundo exterior, sin forma de comunicarse, ni mucho menos la oportunidad de realizar algún trámite notarial donde pueda dejar su voluntad respecto a su patrimonio.

Reiteró que con esta iniciativa, Yucatán contemplaría en su legislación sustantiva familiar con testamentos especiales tales como el militar, el marítimo, el hecho en un país extranjero y ahora se sumaría este, un testamento especial otorgado a través de las tecnologías de la información y comunicación.

“La presente iniciativa ha surgido de un amplio estudio y revisión a la legislación local pero también surge de la necesidad, sensibilidad e importancia del derecho a testar de todo ser humano”, resaltó.

En temas similares, la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, presentó una iniciativa para que las personas adultas mayores puedan seguir gozando de sus bienes inmuebles, pero que limite y prevenga que este sector puedan ser víctimas de engaños, de abusos y abandono, al momento de donar su patrimonio.

“Con apoyo del notario público se vigile y garantice el usufructo vitalicio del inmueble, objeto de la donación, a fin de proteger a las personas adultas mayores del completo abandono y garantizarles el derecho a una vivienda digna y/o en su caso, ingresos por el arrendamiento del mismo”, recalcó.

La propuesta para adicionar un segundo párrafo al artículo 1488 del Código Civil del Estado de Yucatán, continuo, plantea que cuando el o los donantes sean personas de 65 años o más, el notario que expida el instrumento público de donación deberá incluir la cláusula de usufructo vitalicio sobre los bienes otorgados a los donatarios.

En su turno, la diputada del PAN, Paulina Viana Gómez, presentó la iniciativa para crear la Ley de los Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, “para responder a los nuevos desafíos sociales, culturales, económicos, ambientales, tecnológicos, y de convivencia pacífica”.

Señaló que esta propuesta que contiene ciento cincuenta y tres artículos divididos en diez títulos, y ocho artículos transitorios, plantea derogar la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán, que data de 2015.

“La iniciativa que hoy se propone no compromete únicamente al sector cultural, también coloca a la cultura en el contexto del desarrollo económico y social integral del Estado, bajo el marco de relaciones interinstitucionales que facilitan la suma de recursos y voluntades para acceder a un Yucatán más justo, próspero y participativo”, enfatizó.

De la misma manera, la legisladora presentó una propuesta de Acuerdo, admitido por unanimidad para segunda lectura, para que el Congreso de Yucatán exhorte respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; así como al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo éstos tres últimos integrantes del Comité Interinstitucional, que emite, regula y evalúa el EFIARTES; para que en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan la Ley del Impuesto sobre la Renta, las Reglas Generales para la Aplicación de este estímulo fiscal y demás disposiciones normativas emitidas para tal efecto.

La diputada del PRI, María Moisés Escalante, presentó iniciativa para declarar Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán el Teatro Maya de Xocén, Valladolid, porque aseveró que “es verdaderamente importante que a través del actuar legislativo se considere y posibilite que este tipo de maravillas escenográficas formen parte de la riqueza patrimonial intangible de nuestra entidad”

Así mismo, la diputada del PRI, Karla Franco Blanco, presentó una iniciativa que pretende evitar que el concepto de medidas de protección especial para las niñas, niños y adolescentes sujetos a vulnerabilidad quede a la libre interpretación, ya que se propone crear en la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado, la sección cuarta denominada de “Las medidas de Protección Especial”, en la que se precise en qué consisten, a quienes están orientadas y a que están dirigidas.

“Dejando en claro que las medidas de protección especial para la restitución integral de derechos son mecanismos para dar atención y respuesta especial en los casos en que los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Yucatán estén vulnerados o restringidos”, manifestó.

Por otro lado, la coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, también presentó una iniciativa para incluir la figura de Cabildo Abierto, en la cual los habitantes participan directamente con derecho a voz, pero sin voto, a fin de discutir asuntos de interés para la comunidad y con competencia sobre el mismo.

“El objetivo principal del Cabildo Abierto es generar un intercambio de información y puntos de vista sobre temas de interés ciudadano e instaurarlos en la agenda pública municipal. Por otra parte, busca incentivar la participación e involucrar a los ciudadanos en temas que competen y afectan a todos, lo que permite la articulación del control ciudadano y el control político”, mencionó.

Indicó que la propuesta que reforma la Constitución Política de Yucatán plantea modificar el nombre de la Ley de Participación Ciudadana que Regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular, para llamarla Ley de Fortalecimiento de la Democracia Participativa en el Estado, y modificar la Ley de Gobierno de los Municipios, en materia de Cabildo Abierto.

“La iniciativa contribuye a que la ciudadanía tenga una visión más objetiva. Cuando más personas conocen de primera mano, todo lo relacionado con el trabajo de sus autoridades, menos personas tienen desconfianza y más conocen lo que implica la administración de los asuntos municipales”, expresó.

En otros temas, la diputada del PRI, Mirthea Arjona Martín, hizo un llamado respetuoso a todas las fuerzas representadas en el Congreso local, para encontrar mecanismos hacia una buena educación alimentaria, de la mano de las autoridades correspondientes, con el pleno conocimiento de las implicaciones presupuestarias que ello implica, “procurando siempre mirar por el bien de nuestro querido pueblo yucateco”.

Por último, la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, también hizo un llamado a los presidentes municipales retomen las actividades para prevenir el suicidio, así como pláticas que se pueden hacer con sana distancia y grupos reducidos, para bajar los índices de este mal social en el estado.

En los asuntos en cartera, las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad, la convocatoria dirigida a las Instituciones de Educación Superior y de Investigación para designar a tres miembros del Comité de Selección, que a su vez designará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

En los mismos términos, la convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, o afines, para designar a los otros tres miembros del Comité de Selección.

En otros temas, se turnó a la comisión de Justicia y Seguridad Pública, la iniciativa por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal del Estado, en materia de Feminicidio, suscrita por la fracción de Movimiento Ciudadano. 

A la comisión de Salud y Seguridad Social, se envió la iniciativa en la que se modifica parcialmente la fracción II del artículo 66 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado, de sus municipios y de los organismos públicos coordinados y descentralizados de carácter estatal, signada por Luis María Aguilar Castillo (NA). 

Así como a la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, en materia de Licencias de Conducir para Personas con Discapacidad, signada por Kathia Bolio Pinelo (PAN).

De igual forma, se dieron a conocer los oficios de los Ayuntamientos de Kopomá, Timucuy, Tekantó, Ixil, Tixcacalcupul, Kanasín, Telchac Puerto, Chocholá, Temozón y Telchac Pueblo, mediante los cuales remiten su segundo informe de gobierno municipal 2018-2021.

Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria para el próximo miércoles 23 de septiembre del año en curso a las 11 de la mañana.