Senadora Verónica Camino Farjat destaca la voluntad de consenso entre todas las fuerzas políticas que integran la Cámara Alta.

Después de llevar a cabo un consenso entre las distintas fuerzas políticas que integran el Senado, por unanimidad se aprobó el dictamen final de la Guardia Nacional.

“Estas modificaciones son fruto de 20 días de trabajo de estudio y lectura de los cuales cinco se le dedicaron al ejercicio del parlamento abierto en el que estuve presente abarcando distintos temas que hoy vemos materializados. Puedo destacar que se definieron las condiciones de participación, es decir, la Guardia Nacional será transicional, los elementos van a estar un tiempo y en 5 años deberán regresar gradualmente a sus cuarteles”.

Explicó que los ciudadanos contarán con la facultad de detener a personas en flagrancia de delitos.

“Podrán detener a una persona cuando esté cometiendo un delito o momentos después de haberlo cometido, con la obligatoriedad de ponerla a disposición de la autoridad civil más cercana y la autoridad deberá ingresar sus datos inmediatamente en el Registro Nacional de Personas Detenidas”.

Indicó que con la Coordinación Interinstitucional Civil, sujeta al control y evaluación del poder legislativo, se unifica el mando.

“Cuando la Marina, el Ejército y la Policía Federal trabajan juntas, puede desarrollarse algún tipo de competencia en aras de demostrar sus capacidades; al momento de unificar el mando, de ser un solo cuerpo, vamos a superar mucho esas diferencias”.

Camino Farjat manifestó que siempre ha estado a favor de la coordinación entre las fuerzas de seguridad estatales y las federales, destacando el caso de Yucatán, donde ya se ha llevado a cabo dicho ejercicio.

“Estoy a favor de que pueda haber una estrecha coordinación con el Ejército y la Marina. En Yucatán ha dado resultado y desde hace seis años esa coordinación se mantiene y no hemos tenido hasta el momento problemas graves por el contrario se ha subsanado con mayor prontitud”.

La presencia de la Guardia Nacional será a petición de los Gobernadores de cada estado o del Jefe de Gobierno.

Finalmente informó que el dictamen regresará a la Cámara de Diputados para su revisión y después de aprobarse contarán con 60 días para expedir la ley de la Guardia Nacional y 90 días para expedir la Ley del uso de la Fuerza y el Registro Nacional de Detenciones.

“En este dictamen se demuestra y reconoce la importancia que tienen las policías municipales y estatales, pues son los agentes de proximidad social; por eso tienen que estar más preparados, así

las demás instituciones de seguridad pública se abocarán a situaciones exclusivas de sus competencias”, concluyó.